Artículo extraído de la revista PuntoEdu de la Universidad Pontificia Católica del Perú, publicada el27 de mayo. Revisa la versión completa en el archivo adjunto.

Artículo extraído de la revista PuntoEdu de la Universidad Pontificia Católica del Perú, publicada el27 de mayo. Revisa la versión completa en el archivo adjunto.

Imagina que, como parte de un trabajo universitario, grabas con tus compa- ñeros un cortometraje en el que probablemente requerirás utilizar algunas pistas musicales y cuelgas esta producción en YouTube para mostrarla en clase; o, tal vez, grabas un video de una reunión familiar en la que se puede oír música de fondo y también lo cuelgas en la red para compartirlo con tu familia.

Ahora imagina que, al día siguiente de subir estos videos, tu cuenta en YouTube es cancelada y, a través de una notificación por correo electrónico, te enteras de que has cometido una infracción a los derechos de autor.

Para el abogado Miguel Morachimo, egresado de nuestra Facultad de Derecho y miembro de la ONG Hiperderecho, el escenario descrito no sería improbable, por el contrario, podría ser frecuente de aprobarse la propuesta para el capítulo de Propiedad Intelectual que hiciera Estados Unidos en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el cual incluye once economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC): Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.

Los capítulos del TPP se han mantenido en reserva, por lo que es poco lo que se sabe de cómo se están dando las negociaciones. Sin embargo,

hace dos años se filtró a la prensa el capítulo de Propiedad intelectual, propuesto por Estados Unidos. “Este tema –señala Morachimo– está lejos de estar cerrado y es el que ha traído más controversia dentro de los negociadores mismos, pues propone las partes más polémicas de la legislación americana sobre derechos de autor”. Es decir, se pondría en riesgo la libertad de expresión, la privacidad de la información de los usuarios de internet y las iniciativas de innovación digital.

Cabe indicar que esta propuesta estuvo también en discusión con los controvertidos proyectos de las leyes SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) del congreso

estadounidense, que se quedaron en el camino en medio de una protesta mundial.

DERECHOS ENCONTRADOS

En general, la propuesta norteamericana plantearía endurecer las condiciones de protección para las obras resguardadas por derecho de autor y la forma de acceder a ellas en el entorno digital, lo que obligaría a los intermediarios en internet (como redes sociales, servicios de foros, comunidades, entre otros) a convertirse en policías de lo que hacen los usuarios.

Para el abogado José Diez Quintana, especialista de la Oficina de Propiedad Intelectual de la PUCP, los textos filtrados del TPP vislumbran una afectación de ciertos derechos fundamentales, en la medida que se otorgarían algunas facultades a los proveedores de servicios de internet (Claro, Movistar, etc.) y a los intermediarios para que puedan monitorear, fiscalizar y controlar la información de los usuarios, bajo la premisa de impedir la utilización de obras de terceros sin autorización.

“El TPP estaría estableciendo medidas más radicales para estos proveedores de servicios, ya que, en muchos casos, no necesitarían pasar por un proceso judicial o administrativo para retirar contenidos, bloquearlos, dar información sobre los usuarios o simplemente desconectarlos.

Para hacer esas labores de cooperación a favor de los derechos de los titulares –que son, básicamente, empresas de productos audiovisuales, discográficas, etc.–, ellos van a tener que ejercer, de cierta manera, un control de los contenidos que se están usando en línea, y eso podría afectar el derecho de privacidad que tienen los usuarios y también la libertad de expresión”, explica Diez.

De presentarse el escenario de esta forma, el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho de autor, ambos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 19 y 27, respectivamente), se verían contrapuestos. Mantener el equilibrio de ambos derechos y no menospreciar uno a favor del otro es a lo que deben apuntar los negociadores peruanos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), quienes nos representan en la negociación  del TPP, plantea el abogado Erick Iriarte, frecuente usuario del Twitter (@coyotegris) y alumno de nuestra Maestría en Ciencias Políticas. Pero, ¿cómo garantizar ese equilibrio?

NORMAS LOCALES

“El domingo antepasado, que hubo una sesión de los stakeholders, pregunté abiertamente a la autoridad si es que normas como SOPA y PIPA, o aspectos basados en ellas, iban a ser incluidos en el capítulo de propiedad intelectual.

La respuesta de la autoridad fue que el límite que ellos han impuesto es la propia legislación nacional”, señala Iriarte. Sin embargo, en el TLC de Perú con Estados Unidos ya se consideraron  normas relacionadas a la propiedad intelectual, la cual aún no ha sido implementada. “No está completada la norma de limitación de responsabilidad de proveedores de servicios de internet, la cual debe establecer cuándo estos tienen responsabilidad por contenidos.

Esta es una norma que aún sigue su proceso y sería ideal que se concrete antes de que salga el TPP. Si es así, esa sería nuestra norma interna límite que no debería ser afectada por la negociación de propiedad intelectual de ese tratado”, refiere el abogado.

Asimismo, Miguel Morachimo señala que, de aprobarse la propuesta  norteamericana, el país se vería impedido de implementar más políticas públicas que faciliten el acceso a la población a nuevos entornos digitales que contribuyan a la educación e inclusión. “Perú ha suscrito la mayoría de convenios de derecho de autor más importantes, y, actualmente, en el país, hay normas que lo protegen. El TPP propondría que las normas que ya tenemos se amplíen al punto de, por ejemplo, tener mayores restricciones a los casos en los que puedes usar libremente una obra, así como el derecho de cita o fotocopiado para fines educativos, que son excepciones que hay en nuestra norma”, detalla.

Para Morachimo, el Perú necesita hacer más excepciones en la norma, como la posibilidad de que las bibliotecas puedan prestar películas, que actualmente no pueden hacerlo. Sin embargo, la propuesta de Estados Unidos de endurecer el sistema legal en ese punto haría muy difícil incorporar nuevas excepciones que beneficien, por ejemplo, a la adaptación de producciones para que puedan ser utilizadas por poblaciones con habilidades diferentes, como los sordomudos, los invidentes o aquellas cuya lengua materna no es el español.

El último viernes concluyó la décimo sexta ronda de negociaciones del TPP. El hecho de que los textos de las negociaciones sean secretos despierta muchas dudas entre algunos colectivos como Hiperderecho. Sim embargo, para el abogado Erick Iriarte no es muy extraño que se firmen acuerdos de confidencialidad en estas negociaciones; pero sí reconoce una falta de comunicación de parte del Estado sobre el proceso de discusión de normas que finalmente impactarán en el ciudadano. “Creo que hablar de un secretismo no es muy adecuado, pero hablar de mecanismos de falta de transparencia o malas estrategias de comunicación es lo más idóneo. El Mincetur debe publicar un resumen de las sesiones en la página web, antes lo hacía y ahora no, difundir hacia dónde va la opinión o, por lo menos, informar sobre ciertas pautas mínimas en las que no se va a ceder, y así tener una idea de la posición de las autoridades.

Quizá la falta de diálogo abierto es uno de los principales problemas que está teniendo esta negociación”, indica Iriarte.

Si bien en el Perú el porcentaje de uso de internet aún está lejos de otros países latinoamericanos, del 2011 al 2012 la población peruana que utiliza este servicio se incrementó en 15%. Asimismo, en los últimos diez años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registra que el Perú ha mejorado el acceso de los hogares a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, TV cable, computadora e internet). Esto debe llevarnos a reflexionar como sociedad civil en que el futuro del internet en el país aún está en pañales, pero en franco crecimiento, por lo que debemos involucrarnos en la discusión de las normas que se establecen para limitar el uso o, por el contrario, para desarrollarlo.