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Las excavaciones clandestinas, el tráfico ilegal y las falsificaciones by Francisco Iriarte Brenner
IALaw
Área de Derecho Constitucional

Última actualización: 11 - 03 - 2015

El tema de las excavaciones clandestinas se relaciona estrechamente a los problemas de la propiedad, el destino, la circulación, el comercio, la exportación de los bienes arqueológicos muebles. Es decir que, los principios de la acción de tutela, no pueden ser otros que los derivados de la definición misma del bien de interés público.

El tema de las excavaciones clandestinas se relaciona estrechamente a los problemas de la propiedad, el destino, la circulación, el comercio, la exportación de los bienes arqueológicos muebles. Es decir que, los principios de la acción de tutela, no pueden ser otros que los derivados de la definición misma del bien de interés público. Toda acción de prevención o de represión debería ser concebida sobre todo en función de la salvaguarda de los testimonios históricos, lo que no puede reducirse a la simple operación policial, la que tiene por finalidad la recuperación de los objetos extraídos de las antiguas tumbas y edificaciones. Es obvio que donde los instrumentos se revelan como defectuosos, no adecuados o contraproducentes, debe estudiarse y proponerse su revisión.

A las excavaciones clandestinas se conectan como causa y efecto, el comercio y las exportaciones ilegales. El mercado legal de las antigüedades presenta límites más bien modestos teóricamente referido solo a los objetos en manos de particulares anteriores a la Ley 6634 de 1929. Colecciones privadas, registradas legalmente, que puedan ser transferidas por venta o por herencia, constituyen un mercado semilegal que no es de por sí, un fenómeno mayormente preocupante. Pero existe además también, un verdadero mercado clandestino, destinado a servir a los coleccionistas nacionales y extranjeros, comercio efectuado –no raras veces- por las mismas personas que se mueven en el mercado anticuariado legal.

Más frecuentemente es que las transacciones ilegales se realicen entre los huaqueros y los coleccionistas, sin excluir la intervención  de una verdadera red de intermediarios “profesionales” o improvisados, que pululan al margen del anticuariado oficial, entre artistas, restauradores, obreros especializados, a veces incluso de los propios encargados de la custodia de esos bienes. En su mayoría, se trata de ventas al menudeo, sobrevaluada por la fascinación de lo clandestino y el gusto por el contrabando; mercado caracterizado por lo común por la incompetencia e ingenuidad de los compradores, entre los que se filtran incluso falsificaciones.

 Pero el  mercado dirigido a la exportación de bienes, constituye una especie de motor para las excavaciones abusivas sistemáticas, y por lo tanto, resulta causa fundamental de las actividades destructivas. Su organización está fiada a una red de comerciantes y mediadores nacionales y extranjeros, a veces con apoyos diplomáticos y administrativos nacionales e internacionales, los que actúan a través de agentes menores, en contacto con  grupos de huaqueros y coleccionistas locales. Tal organización, que emplea métodos de alto espionaje, que tiene sus centrales especialmente en Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y los Estados Unidos, actúa no solo en territorio peruano sino, paralela y simultáneamente, en México, Italia, Grecia, Turquía, Egipto, el Vecino y Cercano Oriente. Y, ocasionalmente, sin la menor vergüenza, aparecen incluso revistas especializadas, que ofrecen la venta de tales bienes culturales, y a veces, en galerías de renombre y prestigio de Londres, París, Milán, Génova, New York y otras grandes urbes.

Las operaciones entonces, se desarrollan de modo variado y complejo. Los objetos de particular valor, seleccionados casi sobre el campo mismo donde se les encuentra, toman en pocos días o en  horas incluso, camino al exterior. El resto, reunidos en almacenes provisorios en las grandes poblaciones, se exporta en paquetes a pedido. El ningún respeto a las asociaciones originales, la general dispersión y confusión de los hallazgos, la frecuente alteración de los datos relativos a los lugares de origen, el abandono y la destrucción de los materiales menos interesantes, concurren a hacer mayor la acción  destructiva del conocimiento histórico. Los destinatarios suelen ser medianos o grandes coleccionistas privados y museos  nacionales, europeos o norteamericanos –aunque también habría que mencionar a museos y coleccionistas de Argentina y Chile, por ejemplo-, que adquieren, a veces con pleno conocimiento de lo delictuoso de su acción, los productos de este comercio clandestino. Solo así puede entenderse la enorme colección  de más de 2,400 especímenes peruanos que se encuentran retenidos en los depósitos de la Aduana de Los Ángeles, o la presencia de cientos de ejemplares etruscos en colecciones, Galerías y Museos de los Estados Unidos de Norte América, así como las grandes colecciones de los museos de casi toda Europa.      

Debemos considerar también el problema de las falsificaciones, que aparece conectado con el comercio clandestino y el coleccionismo. El florecimiento del mercado, la amplitud de la demanda, la ocasional rareza de la mercadería, la subida de precios, la naturaleza sugestiva y secreta de las transacciones, la impericia y la precipitación  de los compradores medianos, la ausencia de escrúpulos de los intermediarios, han permitido transformar la actividad  de copia o falsificación  de objetos antiguos, en una producción de vasta escala. Se trata de falsificación de piezas de cerámica pintada o escultórica, de objetos de oro, telas, muñecas, etc.

En nivel tecnológico y estilístico suele ser más bien bajo, lo que permite reconocer rápidamente su carácter de falso, pero también se presentan productos bastante bien logrados, debidos a artistas de talento, que se preocupan del estilo, las técnicas antiguas, la pátina, etc., y por lo tanto, son más costosos y se comercializan sobre todo en el mercado internacional. Es evidente la relación entre los falsificadores y los mercaderes de antigüedades. Las falsificaciones se mezclan con el material excavado, en medida creciente.

La fabricación y el comercio de las falsificaciones de piezas arqueológicas interesan a los responsables de la tutela, en cuanto ellas constituyen elemento de engaño o de confusión en el plano científico y cultural, engrosando el comercio ilegal de las antigüedades, y  representando el aspecto más inmoral y fraudulento del conjunto. Hay, por último, algunas piezas que se fabrican a partir de elementos originales, tanto en cerámica como en otros materiales, como las “muñecas” Chancay, que, siendo preparadas a partir de fragmentos de tejidos antiguos, son en realidad, muchas veces, creaciones modernas sobre los modelos originales.

Lo expuesto arriba, demuestra la inoperancia de los organismos públicos de tutela frente al fenómeno de las excavaciones clandestinas y el tráfico ilegal de los bienes arqueológicos, lo que viene produciendo desde épocas sumamente antiguas, como lo documentan textos egipcios sobre el tratamiento dado a los ladrones de tumbas.

Es necesario considerar las razones de esta debilidad, para sugerir los remedios. Distinguimos al menos tres factores fundamentales:

1.       Falta de instrumentos (medios financieros, personal de custodia y control, estructuras administrativas no idóneas, la no disponibilidad de las fuerzas del orden, falta de directivas unitarias de acción), adecuadas al deber de hacer respetar las leyes vigentes.

2.       Defectos legislativos, sobre todo en orden a las sanciones, relativamente tenues y escasamente intimidatorias, que se agrava por una aplicación judiciaria discontinua, generalmente subvalorando este género de cosas, falta de reglamentación internacional para el control de las exportaciones ilícitas; la introducción, dañina por completo, del término y concepto de la “presunción”.

3.       Escasa información, educación, conocimiento por parte de la opinión pública sobre la gravedad y naturaleza del daño producido por las excavaciones incontroladas y el tráfico clandestino de especímenes arqueológicos. A lo que deberíamos agregar los trabajos urbanísticos que no tienen cuidado de los restos encontrados en un lugar determinado, que se consideran como obstáculo para el desarrollo. (¿?).

La incidencia de estos factores negativos resulta evidente en el plano de la represión y en el intento de la prevención. La diferencia entre ambas acciones es clara, pues mientras una concurre a mantener la integridad del patrimonio arqueológico como complejo de datos cognoscitivos, la acción represiva es conducida en función a la naturaleza de la substracción o destrucción de los bienes de propiedad de la Nación. La acción preventiva actúa a la salvaguarda del patrimonio arqueológico en cuanto evita su manejo inadecuado; de todos modos, prevención y represión, se presentan como necesidades imprescindibles y complementarias.

La lucha contra las excavaciones clandestinas y el tráfico ilícito de materiales arqueológicos, halla obstáculos tales como las carencias instrumentales, legislativas y psicológicas ya indicadas. Las oficinas del Ministerio de Cultura aparecen como casi paralizadas en su acción de control y denuncia, por la falta de personal adecuado en número y preparación, además de la lentitud o paralización obligada por ausencia de medios de transpo0rte propio o de fuentes económicas suficientes para sus misiones.

Las fuerzas del orden operan de modo fragmentario, discontinuo, a veces impregnadas de la atmósfera local o relacionada con los mismos huaqueros, como lo hemos comprobado reiteradas veces. Las sanciones impuestas por la Ley, el procedimiento lento y cauteloso, a veces sutilmente hostil a las denuncias, una difusa incomprensión por la Procuraduría, la suavidad –a veces increíble- de las sentencias, son tales que no producen preocupación alguna a los transgresores de las normas. A ello habría que agregar la indiferencia de la opinión pública, la indulgencia de los poseedores de bienes arqueológicos de todos los sectores sociales, la poca sensibilidad de la clase dirigente y aún, de los mismos encargados de la protección, hacia estos problemas.

Francisco Iriarte Brenner
Jefe de la División de Patrimonio Cultural
Iriarte & Asociados

 

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