Alerta e-Gov: Firma digital en marcha para seguir impulsando el gobierno electr贸nico

Mediante Decreto Supremo N° 105-2012-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 21 de octubre de 2012, se establecen disposiciones para facilitar la puesta en marcha de la firma digital y se modifica el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.

Estas modificatorias se establecen en el marco de la interoperabilidad del Estado y la implementación de mejoras de los servicios del Estado hacia el ciudadano de acuerdo con los objetivos propuestos en la Agenda Digital Peruana, aprobada mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, la Agenda de Competitividad y el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014.

En este sentido, las modificaciones incorporadas al Reglamento son las siguientes:

  • Se establece que las firmas digitales vinculadas a un certificado digital generada bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica no requerirán mecanismos adicionales para conservar dicho documento a salvo de adulteraciones y asegurar el cumplimiento del principio de equivalencia funcional y la integridad del contenido del documento. En consecuencia, se habría eliminado la obligación de conservar los documentos electrónicos firmados digitalmente, mediante microformas o microarchivos con participación de un notario o fedatario juramentado observando el Decreto Legislativo N° 681 y normas complementarias y reglamentarias.(Artículo 5° del Reglamento).
  • Se establece nuevo plazo para que las entidades de la Administración Pública elaboren y presenten a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), , el plan de  implementación de los procedimientos y trámites administrativos por medios electrónicos seguros en las entidades de la Administración Pública para la Prestación de Servicios de Gobierno Electrónico y de la Certificación a cargo del Estado, incluyendo el DNI electrónico, el mismo que será determinado por Decreto Supremo.
  • Asimismo, se dispone que las entidades de la Administración Pública que requieren hacer uso de la firma digital deberán iniciar el procedimiento de acreditación de Software de firma digital, ante la Autoridad Administrativa Competente, esto es,  ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a más tardar, en julio de 2013.
  • Se exonera a las Prestadoras de Servicios de Certificación Digital hasta el 31 de Diciembre de 2013 de la contratación de seguros o garantías bancarias como presupuesto indispensable para su registro ante la Autoridad Administrativa Competente, sin perjuicio de aquellos que opten voluntariamente por el cumplimiento de dichos requerimientos.
  • Se incorpora como derecho a relacionarse con las entidades de la Administración Pública por medios seguros, conexo al derecho ciudadano de acceso a servicios públicos electrónicos, que: corresponderá a las entidades públicas la acreditación del software que crea la firma digital del funcionario cuando se presten electrónicamente servicios por parte del Estado que requieran el uso de la firma digital de funcionarios y/o administrados , con efecto de medio probatorio en los procesos judiciales y administrativos, y eficacia en el intercambio de documentos electrónicos entre las diferentes entidades de la Administración Pública. Asimismo el software verificará que la firma del administrado esté asociada a un certificado digital emitido dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), sin que en ningún caso el prestador del servicio deba acreditar el software de firma digital utilizado.
  • Se establece que, excepcionalmente, en tanto no se haya acreditado ante el INDECOPI o no cuente con reconocimiento oficial del INDECOPI al menos una entidad prestadora de servicios de certificación, las personas naturales (para la utilización electrónica de servicios brindados por el Estado) y las personas jurídicas privadas podrán utilizar Certificados Digitales de proveedores privados que cuenten con la certificación internacional Web Trust, con la misma validez y eficacia de la firma manuscrita, valor probatorio en los procesos judiciales y/o procedimientos administrativos y garantías en las transacciones electrónicas con el Estado, conforme los alcances de los Artículos 3°, 4° y 43° del Reglamento.
  • Finalmente, se establece que la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad convocará  un equipo técnico de trabajo, liderado por la ONGEI para diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la IOFE e implementación progresiva de la firma digital en el sector público y privado. Se señala que el plazo de entrega de la propuesta será no mayor a seis (6) meses. (Disposición Complementaria Transitoria). Los Equipos técnicos de Trabajo podrán estar conformados por miembros del sector público, privado, académico y del campo de la investigación, cuya participación sea relevante, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica.